¡Cambio radical en Washington! Ted Cruz va tras George Soros de frente, utilizando la Ley RICO para desmantelar la supuesta “financiación clandestina” de los movimientos de protesta, y las consecuencias podrían congelar miles de millones en activos antes del amanecer.
Washington, 10 de noviembre de 2025 – En un giro que sacude los cimientos del establishment político estadounidense, el senador republicano por Texas, Ted Cruz, ha intensificado su ofensiva contra el multimillonario George Soros, acusándolo directamente de orquestar una red de financiamiento clandestino para movimientos de protesta que, según él, socavan la estabilidad nacional. Con la Ley RICO –la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, originalmente diseñada para combatir el crimen organizado como la mafia– como arma principal, Cruz busca no solo exponer lo que denomina una “empresa criminal transnacional”, sino también congelar activos por valor de miles de millones de dólares en cuestión de horas. Esta movida, que llega en medio de un clima postelectoral cargado de tensiones, podría redefinir los límites entre la filantropía política y el intervencionismo extranjero, desatando una tormenta legal que se extiende desde las calles de Nueva York hasta los pasillos del Departamento de Justicia.
El detonante de esta escalada ha sido la reciente ola de protestas bajo el lema “No Kings”, un movimiento que ha convocado a miles de manifestantes en ciudades clave como Chicago, Los Ángeles y Washington D.C. durante las últimas semanas. Estas manifestaciones, inicialmente presentadas como expresiones pacíficas contra lo que los organizadores llaman “autoritarismo corporativo”, han derivado en episodios de violencia que incluyen enfrentamientos con agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), vandalismo y bloqueos de infraestructuras críticas. Cruz, en una entrevista explosiva concedida a Fox News el pasado 9 de noviembre, no escatimó palabras: “Siga el dinero, corte el dinero. Hay evidencia considerable de que George Soros y su red están detrás del financiamiento de estas concentraciones, que podrían convertirse en disturbios a lo largo y ancho del país”. El senador texano, conocido por su retórica afilada y su alineación con la agenda de Donald Trump, vinculó directamente a Soros con el grupo activista Indivisible, financiado en parte por las Open Society Foundations, la entidad filantrópica del magnate húngaro-estadounidense.
La propuesta legislativa de Cruz, conocida como la Stop Financial Underwriting of Nefarious Demonstrations and Extremist Riots (STOP FUNDERs) Act, no es un capricho reciente. Introducida en julio de 2025 junto a un puñado de colegas republicanos, la ley busca ampliar el alcance de RICO al incluir el “alboroto” –definido como disturbios interestatales coordinados– como un delito predicate, permitiendo al Departamento de Justicia desplegar herramientas como la incautación de activos, cargos por conspiración y penas agravadas contra entidades que financien o coordinen tales actos. “Esta legislación permite procesar a quienes financian actos de violencia política”, enfatizó Cruz en un tuit viral del 16 de octubre, adjuntando un gráfico que traza flujos de fondos desde las fundaciones de Soros hacia más de 200 grupos de izquierda. Si se aprueba –y con el control republicano del Congreso tras las elecciones de noviembre, las probabilidades aumentan–, podría activar una cascada de investigaciones que paralicen cuentas bancarias offshore y ONG internacionales antes del amanecer de un nuevo día fiscal.
Soros, de 95 años, ha sido un blanco perenne de la derecha conservadora. Su imperio filantrópico, valorado en más de 25 mil millones de dólares, ha invertido miles de millones en causas progresistas: desde derechos reproductivos y justicia racial hasta reformas electorales y apoyo a migrantes. Críticos como Cruz lo pintan como un titiritero global, alegando que sus donaciones –que incluyen contribuciones a campañas de Barack Obama, Joe Biden y Hillary Clinton– no son mera generosidad, sino un esquema para desestabilizar democracias. Un informe del Capital Research Center, citado por el senador, sugiere conexiones indirectas entre Open Society y grupos involucrados en protestas violentas, aunque el documento concluye que no hay prueba de que Soros financie intencionalmente actos ilegales. “Ni George Soros ni las Open Society Foundations financiamos protestas, ni condonamos ni fomentamos la violencia de ninguna manera”, replicó un portavoz de la fundación en un comunicado del 17 de octubre, calificando las acusaciones como “teorías conspirativas antisemitas que perpetúan estereotipos dañinos”.
La magnitud de las posibles consecuencias es vertiginosa. Bajo RICO, las autoridades podrían congelar activos en un plazo de 24 horas si se demuestra un patrón de “conducta racketeering”, incluyendo transferencias electrónicas interestatales. Analistas estiman que esto afectaría no solo a Soros, sino a una red de donantes como Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, quien ha sido mencionado en contextos similares por supuestamente respaldar a Antifa. En un anuncio que ha circulado ampliamente en redes sociales, el propio Trump respaldó la iniciativa el 2 de noviembre: “Si están financiando esto, van a tener problemas”. Fuentes del Departamento de Justicia, hablando bajo anonimato, indican que ya se preparan citaciones para auditar flujos financieros desde Europa del Este hacia cuentas estadounidenses, potencialmente involucrando al IRS y al FBI en una operación de “alto impacto”.
No obstante, la ofensiva no está exenta de controversias. Defensores de los derechos civiles, como la ACLU, han denunciado el proyecto como un “arma selectiva” contra la disidencia. “Esto no es sobre crimen organizado; es sobre silenciar voces progresistas”, argumentó un portavoz de la unión en una rueda de prensa el 20 de octubre. Expertos legales advierten que extender RICO a protestas podría chocar con la Primera Enmienda, protegiendo la libertad de expresión y asociación. Un precedente inquietante: en septiembre de 2025, Trump amenazó con usar RICO contra grupos de izquierda tras el asesinato de Charlie Kirk, aunque no se avanzó por falta de evidencia. Ahora, con el viento a favor republicano, el panorama cambia.
En las calles, la polarización se agudiza. Manifestantes de “No Kings” –que el 18 de octubre reunieron a cientos de miles en un “día de acción nacional”– ven en esta ley un asalto a la democracia. “Soros no es el villano; es un filántropo que defiende la justicia social”, proclamó una activista en Chicago, ondeando pancartas contra el “autoritarismo trumpista”. Del otro lado, conservadores como el senador Roger Marshall de Kansas aplauden: “Estas protestas son pagadas por Soros; es hora de cortar el cordón umbilical”. En X (antes Twitter), el hashtag #CutTheSorosMoney ha acumulado millones de interacciones desde el 9 de noviembre, con memes y videos virales amplificando el llamado de Cruz.
A medida que el sol se pone sobre el Capitolio, el debate trasciende lo partidista. ¿Es esto una purga necesaria contra la injerencia extranjera, o un abuso de poder que erosiona las libertades fundamentales? Cruz, inquebrantable, prometió en su último mitin en Houston: “No permitiremos que millonarios extranjeros conviertan nuestras calles en campos de batalla”. Mientras el Senado agenda una votación preliminar para el 15 de noviembre, el mundo observa. Si RICO se desata, no solo Soros podría amanecer con sus fortunas congeladas; podría ser el preludio a una reconfiguración total del activismo político en Estados Unidos. El amanecer de mañana podría traer no luz, sino sombras de incautaciones millonarias y juicios que duren años. Washington nunca duerme, pero esta noche, late con furia renovada.
